La solicitud se basó en supuestos actos de violencia contra los magistrados de la Corte Suprema como electores, las cuales tuvieron lugar durante las concentraciones de manifestantes alrededor del Palacio de Justicia, cuando se realizaron las sesiones destinadas a elegir a la funcionaria.
Sostuvieron los solicitantes que ese tipo de presiones minaron la voluntad y autonomía de los magistrados que participaron en el proceso y, agregaron que, la terna se descompuso por la renuncia de la candidata Amelia Pérez el día de la sesión en la que fue elegida la hoy fiscal.
La Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que de forma preliminar y en esta etapa procesal no se probó que los supuestos hechos de violencia comprometieran la voluntad de los electores.
También señaló que, como la demanda va encaminada a examinar el efecto jurídico de la renuncia de una de las candidatas cuando el trámite de elección ya había iniciado, correspondía a la sentencia que pusiera fin al proceso, emitir un juicio sobre este asunto, previo recaudo de todo el material probatorio.