El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de una familia radicada en el municipio de Baranoa (Atlántico), pues la encuesta del Sisbén acreditó su situación de extrema pobreza, aunada a que uno de sus miembros es un menor de edad en condición de discapacidad.
Por lo tanto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) tenía la obligación de adelantar el trámite pertinente para verificar si el grupo familiar cumple los parámetros para ser beneficiarios del programa “Renta Ciudadana” y los requisitos establecidos en el artículo 3.1.1. de la Resolución 00079 del 15 de enero de 2024.
Se hizo énfasis en que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección y que, encontrándose en circunstancias de vulnerabilidad, se impone un compromiso armónico y estructurado entre la familia, la sociedad y el gobierno para garantizar el goce efectivo de sus derechos, sin que estos se vean truncados por circunstancias estrictamente administrativas.