El Consejo de Estado rechazó, por improcedente, una demanda de tutela que buscaba que se le ordenara el presidente Gustavo Petro rectificar unas afirmaciones que hizo sobre la probable existencia de un software de inteligencia denominado “Pegaso”, que, se dice, adquirió el Gobierno durante la administración anterior.
En la acción, el demandante alegó la supuesta violación de varios de sus derechos fundamentales, entre ellos la honra y buen nombre, que se habrían visto vulnerados por la supuesta revelación de información confidencial que se habría producido, tras una alocución pública en la que el mandatario dio a conocer detalles sobre la adquisición de la plataforma por parte de las entidades del Estado.
La sala recordó que uno de los requisitos de la acción de tutela es que sea subsidiaria, es decir, que el demandante no cuente con otros medios de defensa para la defensa de sus derechos. Como el actor no acreditó haberle solicitado previamente a la Presidencia o al jefe del Estado la rectificación que aquí exige, se concluyó que su demanda no cumple con el mencionado componente de subsidiariedad. Además, precisó que el accionante tampoco demostró que se hiciera necesario remover esta exigencia, por no acreditar la inminencia de un perjuicio irremediable.
Adicionalmente, dijo la corporación, el actor no puntualizó cuáles fueron las específicas afirmaciones del Presidente que condujeron a la violación de sus derechos fundamentales. “(S)e trató de una intervención referida a un tema que en opinión del Presidente de la República era de interés de la comunidad en general. Y, aunque podía vincular el actuar de algunas personas en concreto, el ahora accionante no se encuentra entre las mismas”, precisó el Consejo de Estado.