Jueces del circuito de Bogotá deberán decidir si la Superintendencia de Sociedades debe imponer multa en proceso relacionado con el sistema de recaudo de Transmilenio
El Consejo de Estado determinó que es a los jueces administrativos del circuito de Bogotá y no a esta alta corte a quien corresponde resolver una demanda que, entre otras cosas, busca que se impongan sanciones administrativas a los ciudadanos Carlos Mario Ríos Velilla y Javier Ríos Velilla por hechos relacionados con la administración del sistema de recaudo de los dineros por la compra de pasajes de Transmilenio.
Los hechos que motivan la demanda tienen su origen en los actos administrativos por medio de los cuales la Superintendencia de Sociedades determinó, entre otros asuntos, que estas dos personas no eran controlantes de la empresa Recaudo Bogotá, encargada del acopio de los dineros que pagaban los usuarios por la tarifa del servicio de transporte.
Contra esa decisión, la empresa Angelcom S.A.S., que adelantó el recaudo durante las fases II y III de Transmilenio, interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, encaminada a que se reconozca el control de las ya señaladas personas sobre Recaudo Bogotá y que se les imponga una multa.
El Consejo de Estado determinó que, por razón de la cuantía y atendiendo al factor territorial, el proceso debe ser asumido por un juzgado administrativo del circuito de Bogotá. Lo anterior, en la medida en que la ley ordena que los casos en los cuales las pretensiones no superen los 500 salarios mínimos mensuales vigentes, deben ser los jueces del circuito los que conozcan de la demanda en primera instancia.
Por lo anterior, la alta corte remitió el proceso, por competencia, a los juzgados administrativos del circuito de Bogotá.